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Ventanillas
Sergio Crivelli.. La Prensa.
En el lenguaje informal de quienes conocen el Congreso hay una expresión entre canallesca e irónica -"abrir una ventanilla"- para designar los proyectos o comisiones que se convierten en el paso obligado para gestionar intereses económicos; que obligan al Poder Ejecutivo o a algún sector empresario a pasar por allí para solicitar a los legisladores cambios, agregados o directamente la supresión de alguna iniciativa. La observación de la expresión "abrir una ventanilla" viene a cuento del escándalo producido en el Senado con la denuncia de un presunto pedido de coima. La investigación parlamentaria presidida por la justicialista Cristina Fernández de Kirchner ha hecho progresos que incluyeron las sorprendentes revelaciones del ministro de Economía, Roberto Lavagna. El funcionario aseguró que había sido invitado a comer en las oficinas de un "consultor" -Carlos Bercún- por el influyentes senador justicialista Carlos Verna, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Según la descripción de Lavagna, Bercún le planteó la posición de los bancos respecto al canje de plazos fijos por bonos, tarea más propia de un lobbista que de un consultor. Por la investigación parlamentaria se supo, asimismo, que Bercún fue contratado por la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) para proveerle información del Congreso, pero con una retribución que haría palidecer de envidia a muchos directores de banco. Increíblemente también le pagaba para que lo mantuviese al tanto de las novedades legislativas el ministerio del propio Lavagna, además de otras dependencias oficiales y privadas. Este escándalo plantea al menos tres problemas. El primero es la presunta comisión del delito. Eso queda en manos de la Justicia, ante la que alguien deberá explicar por qué el Ejecutivo y los privados contrataban a un intermediario con relaciones muy aceitadas en el Congreso. Por qué cobraba gruesas sumas por tareas que parecen no valerlas y qué destino final les daba. Bercún está en la mitad del camino entre el interés privado y los poderes públicos y sin duda el juez interviniente determinará si le cupo algún papel en el episodio. En segundo lugar, hay un problema estructural que toca resolver a los legisladores. Este escándalo tiene que alentarlos para hacer lo más transparente posible el trámite legislativo convirtiendo en públicas las reuniones de todas las comisiones y sancionando una ley de "lobbying" que identifique claramente a los gestores de intereses. Esto último no resuelve, sin duda, el problema de la corrupción pero ayuda a marcar la cancha. Lo que hace falta para terminar con la corrupción es una decisión política. Según trascendió existe un sector de la comisión que investiga el hecho -formado mayoritariamente por legisladoras- dispuesto a dar esa batalla. En síntesis, el Senado se encuentra ante una clara alternativa: si hay ventanillas debe cerrarlas o permitir que sigan funcionando sin denunciarlas. Pero si hace esto último, debe también aceptar el hecho de que la sociedad sospeche de todo el cuerpo, en forma generalizada y sin distinciones. Copyright La Prensa 1996-2000
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