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La futura Gestion económica
Editorial I, La Nación
El presidente que se haga cargo el próximo 25 de mayo no encontrará un terreno fácil a pesar de las apariencias favorables que han parecido evidenciarse en la economía argentina. Es verdad que en los últimos meses han surgido signos de reactivación en distintos sectores económicos sin consecuencias inflacionarias; también es cierto que el mercado cambiario se ha estabilizado. Estas señales, sin embargo, cubren como manto la visión más realista de un terreno económico sembrado de dificultades estructurales y desequilibrios de fondo, que se han agravado en la medida en que no se ha actuado sobre ellos. El poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones se ha reducido entre un 30 y un 50% desde la devaluación. Las tarifas de los servicios públicos también se han retrasado en el marco de contratos incumplidos por el Estado, aunque de todas maneras los aumentos contractuales serían inaplicables frente al desplome de los ingresos de los usuarios de esos servicios. Ya hay más de una docena de presentaciones de los concesionarios ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas (Ciadi) que seguramente se transformarán luego en demandas judiciales contra el Estado argentino. Mientras tanto, con el paso del tiempo, aumenta el riesgo de un deterioro de los servicios públicos por falta de inversiones. El sistema financiero no se encuentra en condiciones de dar crédito a pesar de las mejoras en su liquidez. Su patrimonio y solvencia están duramente afectados por la pérdida de valor de sus activos y la falta de compensación del Gobierno por la pesificación asimétrica y los amparos. Tampoco son fácilmente utilizables los instrumentos del mercado de capitales, que requieren un marco de confianza y seguridad jurídica que hoy no existe. No hay, por lo tanto, crédito en condiciones razonables, ni tampoco inversiones directas, ni los habrá mientras no se normalicen los pagos de la deuda pública luego de su reestructuración. La demora en iniciar esta renegociación ya está ocasionando reclamos judiciales, sentencias adversas y embargos, en sedes judiciales de otros países. La postergación de la negociación de la deuda pública sólo ha sido posible por el carácter transitorio de esta gestión de gobierno, pero será insoslayable para quien deba gobernar por cuatro años y que además se incorpore al proceso en una etapa de agravamiento más avanzado. Uno de los dos candidatos, Néstor Kirchner, anunció que llevará como ministro de Economía al mismo funcionario que ha conducido esa cartera durante esta transición, Roberto Lavagna. Si accediera al gobierno, éste sería entonces, paradójicamente, el heredero de su propia gestión. Su estrategia de facilitar la evolución positiva pero precaria de las variables económicas, sin tomar medidas de fondo, tiene un horizonte muy limitado y deberá cambiar en algún momento no lejano. Tal vez el aspecto más difícil de la gestión del próximo presidente será la obtención del superávit fiscal primario necesario para pagar los intereses de la deuda pública reestructurada. Las estimaciones más prudentes indican que se requerirá un superávit primario del orden de 3,5% del PBI, más del doble del previsto en el año 2003. La dificultad de alcanzar esta meta se evidencia aún más al considerar la necesidad de aplicar mayores fondos públicos para atemperar la grave situación social. Ese superávit será responsabilidad de la Nación ya que es en ese nivel donde se concentra fundamentalmente la deuda, tanto aquella en default como la nueva deuda emitida en los últimos 16 meses, más la deuda con organismos multilaterales. Los gobiernos provinciales presentan, salvo excepciones, una situación menos comprometida ya que han sido asistidos y aliviados por el gobierno nacional en el rescate de sus títulos y en la reestructuración de sus deudas. Sin embargo, todo incremento en la recaudación impositiva debido al control de la evasión o a la reactivación, tendrá que coparticiparse con las provincias aunque éstas no tengan en el futuro las mismas exigencias fiscales que la Nación. Esta es una cuestión que complica el arreglo fiscal y será difícil de resolver. Aún no se ha avanzado hacia un sistema que aproxime la responsabilidad federal de recaudar con la de gastar. El nuevo contexto hará imprescindible que se canalicen a la Nación proporciones mayores de la recaudación adicional de las que prescribe el régimen de coparticipación vigente. Se requerirá un cambio legal que exigirá al Congreso nacional que actúe privilegiando el interés superior de la Nación por sobre la conveniencia de cada provincia a la que cada legislador pertenezca. En esta cuestión como en otras que hacen a los graves problemas que deberá enfrentar el nuevo presidente, se pondrá en juego su capacidad para enfrentar con seriedad las soluciones así como su liderazgo y poder de persuasión frente a los gobernadores y a la dirigencia política. Deberá exponer con claridad la gravedad de la situación económica y social del país y la imperiosa necesidad de deponer intereses sectoriales o provinciales frente al interés del país. Vuelven a tener vigencia las palabras de Nicolás Avellaneda cuando se dirigió al Congreso en la apertura de sesiones de 1875: "Nada hay dentro de la Nación superior a la Nación misma".
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