Se aprobó la ley de financiamiento de los partidos políticos
Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro, para Página 12.

En busca de más transparencia El proyecto busca limitar las donaciones, obliga a mayores controles y transparencia. Carrió y Zamora lo cuestionaron por limitado. Lo aprobaron peronistas, radicales y frepasistas.

Humberto Roggero, en diálogo intenso con su bancada durante una sesión que fue maratónica.

La reforma de la política es una de las principales banderas de estos días. La esgrimió con fuerza Carlos “Chacho” Alvarez para encontrar allí un matiz diferenciador de Fernando de la Rúa. La impulsó Carlos Corach cuando ocupó una banca del Senado luego de que Carlos Menem se fuera de la Casa Rosada. Ayer los diputados comenzaron a transitar apenas un aspecto del tema al aprobar con modificaciones el proyecto procedente del Senado referido al financiamiento de los partidos políticos. El proyecto mayoritario, apoyado por peronistas, radicales y frepasistas oficialistas, contempla la creación de un Fondo Partidario Permanente, limita los gastos para las campañas proselitistas, acepta el financiamiento privado, prohíbe expresamente donaciones provenientes de las empresas concesionarias de servicios públicos y deja en las manos de la Auditoría General de la Nación el rol de contralor. Igualmente el Gobierno no podrá presentarlo como un logro, ya que como el proyecto fue modificado en la Cámara baja la iniciativa deberá retornar al Senado.

Con el título “Financiamiento de los partidos políticos”, el proyecto llegó a Diputados luego de que en setiembre de 2001 los senadores le dieran media sanción. Originalmente los senadores habían contemplado que “cada partido político no podía recibir de una persona física, por año, donaciones superiores al 5 por ciento del total de los gastos de campaña autorizados”. Los diputados redujeron ese porcentual al 2,5 por ciento. Algo similar ocurrió en el caso de las donaciones de las personas jurídicas. En el Senado se estipulaba un límite del 10 por ciento de los gastos y en la Cámara baja se lo redujo al 5 por ciento.

Entre los puntos principales del proyecto mayoritario figuran los siguientes:

Aportes públicos: Están contemplados en este ítem todos los partidos políticos reconocidos. El 20 por ciento se reparte en forma igualitaria y el 80 por ciento se distribuye en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección a diputados. Cada partido debe dedicar a la capacitación un 20 por ciento de lo que reciba.

Aportes privados: Quedan prohibidas las donaciones anónimas. Los aportes pueden realizarse a los partidos o al Fondo Partidario Permanente. Pero sólo reciben beneficios impositivos las donaciones al Fondo.

Límites a los gastos de campaña: Para las elecciones legislativas y presidenciales, el límite de gasto por partido por distrito es de 1 peso por cada elector empadronado. En caso de que hubiera una segunda vuelta electoral el aporte será de 0,30 de peso por elector empadronado. Para evaluar los gastos se considera que ningún distrito tiene menos de 500 mil electores.

Control del financiamiento: El control está a cargo de la Auditoría General de la Nación. Habrá un control 10 días antes de la elección y 30 días después de los comicios. Se obliga a que toda la información sea publicada en Internet.

Los diputados del Interbloque de centroizquierda integrado por el ARI y el Frente Grande presentaron su propia iniciativa. En ella descartaban la presencia de aportes privados, contemplan sanciones penales para quienes vulneren las normas y obliga al PEN a dar a publicidad el nombre de los aportantes privados.

Al fundamentar el proyecto oficialista, el diputado peronista de Salta Juan Manuel Urtubey precisó que entre los objetivos de la iniciativa estaba el de “revertir parte de las grandes dudas que la ciudadanía tiene sobre la vinculación existente entre el dinero y la política”. A la hora de mostrar buenas intenciones, fue más allá y prometió que a futuro propondrán limitar las campañas proselitistas y la realización de campañas internas abiertas y simultáneas. La arista Marcela Rodríguez argumentó el proyecto del Interbloque. Su discurso cuestionó la participación de las empresas privadas en el financiamiento de los partidos políticos. “Nos estamos mintiendo de nuevo”, dijo a su turno Elisa Carrió para señalar que las limitaciones a la participación privada, contempladas en el proyecto oficial, no eran suficientes. La legisladora insistió en que debía prohibirse la participación del capital privado, dejando en el Estado el costo del financiamiento de los partidos políticos. Explicó que cuando el capital privado es el encargado exclusivo de financiar las campañas termina consagrándose a hombres como Silvio Berlusconi.

“El financiamiento de los partidos políticos por los grupos económicos es la consecuencia y no la causa de la crisis de la política”, dijo Luis Zamora para criticar la denominada reforma política. Para graficarlo sostuvo que “la honestidad de Arturo Illia no tenía ninguna ley que le limitara los gastos para los partidos políticos”. Como contrapartida recordó que la gran cantidad de regulaciones y controles no le impidió a Domingo Cavallo estar involucrado en presuntos casos de corrupción. Más explícito aún fue al hablar de Carlos Menem. “El enriquecimiento ilícito ostensible del ex presidente (Menem) es tal que si no se lo condena, es porque en la Argentina falla la Justicia”, precisó. Las menciones buscaban demostrar que la crisis de la política no se debía solamente a cuál es el origen del financiamiento de los partidos, sino que respondía a “un sistema”. La discusión en particular no fue más fácil. Luego de cuestionar a la AGN como organismo de contralor, las organizaciones no gubernamentales pasaron a estar en el centro de la cuestión. Carrió insistió en que las ONG debían monitorear los gastos de los partidos. Finalmente, el oficialismo impuso su cómoda mayoría e hizo ley el proyecto.

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