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La política inunda el caso del soborno en el Senado
Eduardo van der Kooy, Clarín
Pasada la polvareda más gruesa que levantó la nueva denuncia por el soborno en el Senado a raíz de la reforma laboral, algunas cosas se empiezan a divisar con más nitidez en el horizonte político. El episodio parece ingresar de a poco, otra vez, en los meandros donde suelen confluir la política y la Justicia. La ofensiva del ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, levantó una expectativa inicial que habría empezado a perder vértigo. Veamos dos ejemplos. El juez Norberto Oyarbide, que tomó la primera declaración al confesor, arrojó muchas sombras sobre esas revelaciones. Rodolfo Canicoba Corral, a cargo finalmente del caso, las estimó en cambio como "muy verosímiles". Cabe apuntar un dato: Oyarbide fue repuesto en su cargo por el Senado, cuando estuvo al borde de un juicio político, el 11 de setiembre del 2001, el día que volaron las Torres Gemelas en Nueva York. El mundo y también la Argentina atendían entonces sólo al horror. Hace sólo 48 horas se anunció que al testimonio de Pontaquarto se sumaría el de otro supuesto arrepentido. Se batió el parche con las hipotéticas elocuentes palabras del ex secretario del senador rionegrino Remo Costanzo. Antonio Fraga Mancini —de él se trata— concurrió ayer a Tribunales y su declaración significó un retroceso para este episodio. Aseguró no haber estado jamás al tanto del supuesto pago de las coimas. ¿Para qué concurrió? ¿Tuvieron los abogados y los jueces comprometidos con el caso una falsa pista? ¿O Fraga Mancini fue acaso objeto de presiones para torcer su rumbo? Después del shock que produjo la irrupción del arrepentido, la política pareció invadirlo todo de nuevo. Se abrió una pelea dialéctica entre un grupo de dirigentes, entre ellos el ex presidente Fernando de la Rúa, que representan todavía un recuerdo fresco y pésimo para los argentinos. Si esta historia terminara siendo escrita otra vez sólo por aquellos actores, sin avances sobre el hecho de corrupción, la opinión pública volvería a padecer un desencanto y el Gobierno sufriría, quizás, un traspié en su intento por mejorar la calidad de la democracia. La política pareció prevalecer también cuando se intentó ligar el suceso de las coimas con la necesidad de derogar, sin vueltas, la Ley de Reforma Laboral. Hay que dividir las aguas: los sectores de la izquierda abogan por su anulación, simplemente, porque nunca la compartieron y creen hallar ahora la excusa ideal. En la vereda empresaria sobresalen los matices. Algunos segmentos se oponen a cualquier derogación pero la UIA planteó la conveniencia de una nueva reglamentación. Los pensadores más ortodoxos hablan de la necesidad de una flexibilización mayor que la que fue impuesta en los tiempos de la Alianza. El Gobierno intentó desde ayer salir de ese embrollo. Néstor Kirchner le pidió a Carlos Tomada, en efecto, que analice la ley: pero no estaría de acuerdo con su anulación que, por otra parte, sería inviable sino con la sanción de alguna norma correctiva sobre los aspectos de la reforma que han fracasado. "Hay derechos adquiridos con los cuales no se podría volver atrás sin provocar un vacío legal o sin dañar con seriedad las relaciones laborales. También hay aspectos de la reforma laboral relativa a condiciones de salubridad que son positivas", razonaba anoche un importante ministro kirchnerista. El escándalo puede haber servido de pretexto, pero el Gobierno venía evaluando hace tiempo la posibilidad de una modificación. Desde el momento en que la reforma fue sancionada, las condiciones económicas y sociales de la Argentina variaron de modo radical. Sería conveniente que, alguna vez, cada cosa sea aquí llamada por su verdadero nombre.
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