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Será escaso el control financiero que tendrán los partidos políticos
La Nacion.Sección Política. Adrián Ventura
A partir de 2003 la Cámara Nacional Electoral contará con el apoyo de seis peritos contadores para controlar los balances anuales y de campaña que deberán presentar 525 partidos de distrito de todo el país y 38 partidos nacionales, cifra que puede crecer si se aprueba la constitución de algunos de los 549 partidos en trámite de reconocimiento. Parece una carga excesiva de trabajo para la cámara, los 24 jueces electorales y los pocos peritos autorizados por la Corte, tres de los cuales residirán en la Capital Federal y los restantes en Salta, Córdoba y Santa Fe. Pero también es un salto cualitativo importante, en un país donde ese control siempre fue difuso. A tal efecto, la Cámara solicitó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y a los jueces electorales de aquellos distritos que suministren los nombres de los graduados con los mejores promedios en los últimos cinco años para que aquel tribunal los elija y designe. Queda una duda: los profesionales jóvenes son los menos comprometidos, pero ¿son los más capacitados para descubrir el circuito negro del dinero de la política? En junio último, poco antes de la la sanción de la ley de internas abiertas 25.611 -declarada inconstitucional por la jueza María Servini de Cubría, restablecida por la Cámara Electoral y pendiente de decisión de la Corte-, el Congreso nacional había sancionado la ley 25.600 de financiamiento de los partidos y que reforma la vieja ley de partidos 23.298. Novedades Esta norma introdujo algunas novedades importantes, como la figura del responsable financiero de la campaña; prohibió a los partidos recibir aportes anónimos y los obliga a someterse a un control patrimonial presentando balances anuales y balances por cada campaña política. Ya en marzo, en el fallo del caso Partido Nacionalista, la Cámara Nacional Electoral, integrada por Rodolfo Munne (presidente), Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, había señalado las debilidades que presentaba el control patrimonial, con la modalidad en la que se ejerce en nuestro país: básicamente, los balances de cada partido quedaban depositados en las secretarías electorales, para que las otras agrupaciones los observasen. Aunque algunos jueces ya daban intervención a expertos, la Cámara dispuso que son obligatorios la intervención del fiscal y el pronunciamiento del juez. Pero lo cierto es que el financiamiento de los partidos es uno de los puntos oscuros de la democracia de partidos en todo el mundo, y su control es escurridizo. Es el camino por el que las empresas convierten el poder económico en poder político. "Ahora no vamos a cazar la liebre, pero por lo menos hay que apuntarle y atrapar al elefante", dijo uno de los funcionarios de la justicia electoral, que comprende los límites del nuevo control, pero también está esperanzado con esta novedad. Es que la ley, sancionada hace seis meses, previó un período de adaptación en favor de los partidos, pero ya entró en vigor en octubre último. Por eso se aplica a las agrupaciones, que el año próximo deberán rendir cuentas de sus gastos anuales y diez días antes de las elecciones deberán publicar sus gastos en Internet, para luego hacer una rendición final de las erogaciones de campaña en otra presentación, que será auditada por peritos contadores. La propia Constitución nacional, reformada en 1994, obliga a los partidos a rendir cuentas del origen y destino de sus fondos. Pero la Cámara Electoral, en sus anteriores composiciones, nunca llegó a crear el cuerpo de peritos, a lo que sí la autorizaba la vieja ley de organización de la justicia electoral, de 1962. Por eso, la Cámara pidió a la Corte la designación de un plantel de 15 contadores, lo que no llegaba a cubrir la necesidad de tener un experto por cada uno de los 24 distritos (provincias). Luego de algunas dudas de los jueces, fue Nicolás Reyes, director de Administración de la Corte, el que salvó el requerimiento, pero con una dotación aun menor: serán seis los expertos que deberán supervisar los balances de todos los partidos del país. Los peritos de la Capital controlarán 190 partidos de esta ciudad, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego; el experto asentado en Córdoba se ocupará de los partidos de esa provincia, de Mendoza, San Juan y La Rioja; el contador de Santa Fe supervisará los partidos de Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y el radicado en Salta analizará los balances de los partidos de ese distrito, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy. Adrián Ventura Una ley controvertida Qué dice la norma. Los partidos no pueden gastar en sus campañas más de un peso por elector en cada distrito y deben informar el origen de los aportes privados, que no pueden provenir del exterior. Críticas. En marzo, la Cámara Electoral, integrada por Rodolfo Munne, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, había señalado las debilidades que presentaba el control financiero de los partidos en el país.
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