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Temas de la Justicia. Conflictos y políticas serias.
Nota de Adrián Ventura en La nación.
Los jueces, cuando en ocasiones les toca resolver conflictos sociales o institucionales profundos, como la redolarización de los depósitos o la interna de un partido político, enfrentan una disyuntiva: dictar resoluciones ajustadas a las normas, que bien pueden ser justas o inconvenientemente rígidas, o bien transitar un camino más ambiguo y componedor. Días atrás, la jueza María Servini de Cubría dictó una medida cautelar en favor del pedido de Carlos Menem para que se realicen elecciones internas. Pero el presidente Eduardo Duhalde ganó en los hechos y mostró en el congreso partidario una superioridad de convocatoria que difícilmente la Justicia vaya a desconocer. ¿Se inclinará entonces Servini por dictar una sentencia que satisfaga sólo los reclamos de una de las partes? Quizá, no. Menem sabe que un triunfo en la Justicia no le alcanza para ser presidente. Y Duhalde, cuando visitó a la jueza en su despacho y le pidió que declare que los comicios nacionales efectivamente se harán el 27 de abril, hizo un gesto significativo de acercamiento hacia ella y, también, dio ciertas certezas. A su vez, Servini, al nombrar un veedor en la junta electoral del PJ, dejó en claro que no estaba dispuesta a llegar hasta la intervención del organismo. Es posible que Servini rechace en los próximos días los planteos de varios abogados para que se declaren inconstitucionales las normas que anticiparon en seis meses las elecciones nacionales: resolverá que efectivamente los comicios se harán el 27 de abril, pero también, implícitamente, estará dando por agotada la posibilidad de hacer las internas del 23 de febrero, pues las candidaturas deben oficializarse el 8 de marzo. De todas maneras, cualquier resolución sobre este asunto, cuya naturaleza eminentemente política trasciende las posibilidades de la Justicia de dar una solución del conflicto de fondo, no puede ser un obstáculo a un eventual acuerdo que, hoy por hoy, todavía parece improbable. En este panorama político tan cambiante, un tribunal, la Cámara Electoral, mostró ayer, una vez más, su preocupación por mirar más allá de la contingencia de los hechos: dictó una acordada que reglamenta la ley de financiamiento de partidos políticos, sancionada el año último, y estableció pautas concretas para que los partidos exhiban, con transparencia, el origen de sus ingresos. Es ésta una deuda de los partidos de muchas latitudes con la democracia. La Argentina comienza ahora a transitar un camino nuevo y harto escurridizo. Pero es muy alentadora la constante preocupación que muestra la Cámara en perfeccionar ese control. Es un muy buen inicio.
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